| EDITORIAL Coherencia y legalidad
Estamos inmersos en el remolino de las confrontaciones surgidas ante las propuestas para el debate de la reforma educativa planteado por el Gobierno, y es duro reconocer que, en algunos sectores implicados, priman más los criterios políticos que los racionales. Porque todos, supongo, tenemos un fin, compartido al menos verbalmente: conseguir, un sistema educativo camino de la excelencia, estable y garante, para elevar el bajo listón que ocupamos en el informe PISA y que consolida nuestra amenazada “Libertad de enseñanza” contenida en la Constitución Española entre los derechos fundamentales y, por tanto, irrenunciables.
Raro es el día en que la educación no aparece como noticia en los medios de comunicación, y lo positivo de este dato es que ¡al fin! la sociedad española parece despertar de su irresponsable letargo. Hablamos de educación porque estamos preocupados por la educación. Y nos preocupa aun mas como se está produciendo la elaboración de los informes del Consejo Escolar del Estado, donde está vetado el debate y los criterios quedan encorsetados por los llamados “apoyos” a las propuestas; todos los que defendemos la libertad de enseñanza quedamos anulados por los que lideran la enseñanza única, laica y estatalizada, y ese enfoque impregna las respuestas.Rechazamos rotundamente la incoherencia existente entre lo que el Consejo Escolar del Estado dictamina y el texto contenido en el artículo 74.3 del Título II del Tratado de Constitución para Europa, que recoge los derechos fundamentales de la Unión:“1.- Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.2.- Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria . 3.- Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas .”
El gobierno español está obligado a mostrar coherencia entre todo lo que se apruebe en cualquiera de sus organismos oficiales y los derechos que defiende la normativa de la Unión Europea, que con tanto ímpetu difunde y promueve para que sea aprobada en el Referéndum del 20 de febrero. El tema es de importancia nacional y merece ser tratado con todo rigor y respeto.
 Isabel
Bazo
Presidente de la CECE
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