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EDITORIAL
LIBERTAD
Y
CALIDAD
En este último
trimestre del curso las familias sienten preocupación
en torno a diferentes temas vinculados a los
centros educativos; si sus hijos están
escolarizados, las calificaciones finales que
éstos obtengan (sobre todo sí
se encuentran en cursos clave que sean final
de etapa o nivel) producen inquietud y obligan
a analizar el rendimiento alcanzado en los meses
anteriores esperando, con excesiva ingenuidad
en muchos casos, que se produzca un pequeño
o gran milagro en los últimos momentos.
Pero la
inquietud es mucho mayor cuando el alumno se
incorpora por primera vez al sistema educativo
y solicita plaza en un centro concertado.
De
todos es sabido que los centros educativos
que se
sustentan con fondos públicos gozan de
un gran prestigio por la calidad de las enseñanzas
que imparten y que por ello cada año
tienen mayor demanda de las familias. Su ideario
y el proyecto educativo avalan y garantizan
la riqueza y diversidad de su forma de transmitir
educación, educación integral
que hace personas, que forma su intelecto, su
cuerpo y su espíritu. Las familias quieren
lo mejor para sus hijos y se acogen al derecho
irrenunciable que les otorga el artículo
27 de la Constitución: libertad de elección
de centro educativo de acuerdo con sus convicciones.
Sin
embargo, esa libertad queda cercenada en
muchos casos
por la inflexibilidad de las normas administrativas.
Si el centro elegido oferta plazas en número
inferior a las solicitudes de admisión,
los padres deben cumplir una serie de requisitos
negativos en su mayoría: vivir o trabajar
cerca del colegio elegido, tener uno o más
hijos escolarizados ya, que el alumno o algún
familiar padezca discapacidad, que sufra alguna
enfermedad crónica, ... ¡y que
sus ingresos económicos sean bajos!
Mucho
me temo que este último requisito produzca
un gran malestar en las familias en las que
trabajan el padre y la madre porque, lisa y
llanamente, están siendo lesionados en
su derecho constitucional, a no ser discriminados
por razón tan singular como la de ser
trabajadores y contribuir a aumentar el erario
público con sus rentas de trabajo.
Entendemos
perfectamente que, para eliminar gastos de
transporte
o comedor a la familia, se plantee priorizar
el requisitos de la proximidad y que se posibilite
que todos los hermanos reciban la misma educación,
pero nunca apoyaremos que los ingresos familiares
penalicen, por su cuantía, la obtención
de plaza en cualquier centro, público
o privado, sostenido con fondos públicos.
 Isabel
Bazo
Presidente de la CECE
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