| EDITORIAL EDUCACIÓN
Y POLÍTICA
Cuando se acercan las elecciones, los
partidos políticos presentas sus programas en los que sin duda la educación
constituye uno de los puntos más fuertes. Todos sabemos que controlar el
sistema educativo significa tener en las manos el poder de transformar el futuro
de toda la nación, porque la repercusión de la filosofía
que cimienta esa parte del programa, producirá cambios muy significativos
en la sociedad e, incluso, puede modificar pautas en el propio núcleo familiar. Si
analizamos con objetividad los resultados de las leyes promulgadas en la etapa
del gobierno socialista, comprobaremos que el enfoque "progresista"
ha propiciado un concepto de permisividad nociva, fomentando el hedonismo y el
culto al consumo como principal referencia en el mundo de los jóvenes,
y relegando la ética y los valores que deben impregnar y favorecer la dimensión
espiritual de la persona, como lastre represivo y, por tanto, rechazable. Se cree
- o se dice - que la evolución social hace precisa la modificación
del sistema educativo, cuando la realidad es que la forma en la que hayan sido
educadas las personas influirá de forma decisiva en el desarrollo de la
sociedad. Ante esto, es imprescindible
que todos los estamentos que integran el entramado social exijan que la educación
sea considerada un proyecto nacional, que propicie, como interés común,
la formación de nuestros niños y jóvenes, atendiendo la triple
dimensión de la persona: intelectual, física y espiritual, antes
que los intereses ideológicos de los partidos políticos. Que la
auténtica Libertad de Enseñanza que establece y defiende el artículo
27 de nuestra Constitución, se aplique y respete en todo el territorio
nacional, sin que su claridad sea empañada por criterios partidistas de
los gobiernos autónomos. Que absolutamente, a todas las familias españolas,
se les ofrezcan -sin cortapisas de ningún género- las mismas oportunidades
a la hora de elegir el tipo de educación acorde con sus convicciones, porque
no deben existir españolitos de 1ª y 2ª categoría, clasificados
así por vivir en una u otra parte de España. Y que se respeten los
proyectos educativos que, de acuerdo con sus ideales y demandados por las familias,
enriquecen la oferta educativa de los centros que no son de titularidad estatal. Hablamos
de Libertad, hablamos de Educación, hablamos del presente y del futuro
de España. Por favor, no coarten estos derechos con intereses políticos
partidistas.
 Isabel
Bazo
Presidente de la CECE
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